La ley postal aprobada el 21 de diciembre de este año va en la línea marcada por la tercera directiva postal de la Unión Europea (2008/6/CE), que no pretende otra cosa que favorecer la competencia en todos aquellos ámbitos donde aún existan trabas o barreras de entrada, caso del servicio postal en nuestro país, donde hasta el 31/12/2010 había una parte del negocio, -las cartas de menos de 50 gramos- reservadas a Correos.
Los objetivos principales de la ley son garantizar la prestación del servicio postal universal (SPU), esto es, reparto diario en cada punto de la península con igualdad de condiciones, garantizar la financiación y continuidad de Correos y reforzar los derechos de los usuarios y proteger los derechos sociales. Visto así, parece que se trata de una ley tendente a mantener o al menos, procurarlo, el servicio postal como un servicio público viable, pero si nos adentramos más en el texto y lo analizamos desde la perspectiva actual de desmantelamiento, depuración y desprestigio de todo lo público y la voluntad de favorecer primordialmente a los intereses privados de unos pocos, es fácil darse cuenta de que tanto la viabilidad de Correos como el propio servicio público están en peligro de muerte. Han sido muchos años de una gestión nefasta de una empresa con implantación en todo el territorio, dando en ciertos momentos y lugares un pésimo servicio (bajas y vacaciones sin cubrir, secciones fatalmente dimensionadas, amiguismo en contrataciones sin seguir muchas veces las listas, etc.) que han contribuido a deteriorar la imagen, pero aún así, aunque les pese a muchos, es el servicio público mejor valorado por los ciudadanos según numerosas encuestas del CIS.
Los aspectos a destacar y que ponen en entredicho que haya voluntad de conseguir un servicio de calidad y mantener el empleo son los siguientes:
- En relación al servicio postal universal, cartas y tarjetas hasta 2kg y paquetes hasta 10kg (certificados y valor declarado incluido) en todo el territorio nacional, a precio asequible, en términos de equidad e igualdad, se prestará un servicio de entrega y otro de recogida todos los días laborables de lunes a viernes; habrán excepciones en aquellas zonas geográficas catalogadas como especiales (baja densidad) donde por ejemplo se podrán colocar casilleros o buzones concentrados para que cada cual se recoja sus cartas = menos empleo.
- Se crea un fondo que compense la “carga” que supone a Correos prestar el SPU, que será sufragado por otros operadores postales que entren en el mercado a través de tasas y en relación con el volumen de negocio, lo cual, no significa que pueda asumirse el coste global de ese servicio. De esa manera, las empresas que presten servicios postales se centrarán únicamente en aquellas zonas que sean más rentables, dejando a Correos con cada vez un menor volumen de negocio, que derivará en menos trabajo y por tanto, menos empleo.
- Los operadores privados podrán acceder a la red postal pública y a otras infraestructuras postales tales como el código postal, base de datos de direcciones, apartados postales, buzones de distribución, servicio de reexpedición, devolución al remitente, etc., todo ello, con la intención de salvaguardar los intereses de los usuarios y favorecer la competencia. Es decir, se allana, se facilita y se favorece la implantación más factible de empresas privadas que van a aprovecharse de gastos ocasionados durante años a Correos, esto es, a todos los ciudadanos, pero que no van a beneficiarles, pues como todos conocemos, las empresas que actualmente actúan en el mercado postal ni reparten en todos los puntos ni lo hacen cada día.
- Correos se encargará del SPU durante los próximos 15 años, lo que se vende como sinónimo de viabilidad futura asegurada, pero todos sabemos que con el descenso de tráfico postal (por las nuevas tecnologías y la competencia de otros operadores) va a ser muy fácil asumir por muchos empleados y la opinión pública una brutal reducción de plantilla = menos empleo.
- Aquellas oficinas menos rentables, sobretodo las rurales, que ofrecen un servicio esencial en muchos municipios como elementos cohesionadores, de accesibilidad y conectividad con el resto del país se verán o bien obligadas a cerrar o a reducir su jornada = menos empleo.
- Basta echar un vistazo en un municipio como Premià de Mar con casi 30.000 habitantes, donde el hecho de abrir por la tarde ha facilitado y favorecido a muchísimas personas a realizar distintas gestiones (pagar la luz, enviar paquetes, recoger giros, etc.) Eso es lo que se espera de un servicio público de calidad y que favorece al conjunto de la población, incluidos sus empleados = más empleo
- Correos establecerá acuerdos quinquenales con los ministerios de Economía y Hacienda y Fomento donde se recogerán las condiciones reguladoras del servicio postal universal y que se revisarán como máximo cada cinco años. Este apartado es clave puesto que cada cierto tiempo el Estado podrá variar las condiciones de prestación del servicio, esto es, determinar zonas de baja densidad aquellas que actualmente no lo sean (y que no son rentables) o considerar que dado el progresivo descenso de la demanda que se prevé –por otra parte lógico dado el cambio en las nuevas formas de comunicación- ya no sea obligatorio recoger o distribuir la correspondencia todos los días laborables sino 3 ó 2 ó 1. Eso provocaría una menor necesidad de cubrir el territorio, menor plantilla y por tanto = menos empleo.
Hay muchos más aspectos a destacar, pues concreta ciertos aspectos que no se han señalado y que establecen los derechos de los usuarios como que figure el nombre del operador postal que presta el servicio, cosa que actualmente y como sabemos muchos no sucede o la determinación del coste neto de prestar el SPU, que es la diferencia entre lo que le cuesta a Correos ese servicio y lo que le costaría si operara sin esa obligación.
En definitiva, esta es una ley con la única convicción de deteriorar aún más un servicio público, cosa que llevan años haciendo, para facilitar la entrada del gran capital en segmentos de negocio hasta ahora vetados y que van a aprovecharse de nuevo de una empresa sufragada por todos durante muchísimos años. Todos sabemos que liberalizar los servicios no es sinónimo de buen funcionamiento, más bien lo es de rentabilidad a corto plazo y beneficios máximos a costa de los derechos de los trabajadores y descenso en la calidad ofertada. ¿Acaso las compañías telefónicas o de electricidad privadas con beneficios millonarios tratan bien a sus usuarios? ¿Acaso no son las que más quejas y demandas acumulan? ¿Acaso Correos o la sanidad pública no son servicios bien valorados mientras que por poner un ejemplo los políticos se ven como un problema? Sólo hay que observar una empresa similar a la nuestra, que ni reparte al día ni sus trabajadores tienen unas condiciones similares a las nuestras, con lo cual, su servicio es –y todos quienes repartimos lo sabemos- mucho peor que el nuestro. Si ese es el modelo que quiere implantarse, que no sea porque no estamos informados ni porque no hayamos luchado. Por un servicio público de calidad, por unas condiciones de trabajo dignas, por el mantenimiento del empleo.
Sección Sindical en Correos
