Cada cierto tiempo el tema de las pensiones se convierte en recurrente tanto para políticos como medios de comunicación y por consiguiente para el resto de la ciudadanía, pues es una cuestión que tarde o temprano nos afectará a todos, de ahí la importancia y el interés que suscita. Desde 1985 aproximadamente se viene intentando que las condiciones de acceso a las pensiones públicas se hagan más difíciles (periodo de cotización pasa de 10 a 15 años, período de cálculo pasa de 2 a 8 años, endurecimiento acceso a pensiones de invalidez) y sean cada vez más proporcionales en relación a la aportación de cada trabajador, lo que además de un prejuicio para los más desfavorecidos, supone un ahorro considerable para el estado. Aparte de eso, existe la voluntad de hacer creer a los trabajadores que el sistema está condenado a la bancarrota, es decir, que es insostenible en las condiciones actuales. Eso lo llevan diciendo como he comentado desde 1985, lo que vino a propiciar un aumento considerable de los planes de pensiones privados –favorecidos desde el poder proponiendo deducciones fiscales- y lo más grave, que entre la clase trabajadora vaya cuajando esa idea de la insostenibilidad del sistema público de pensiones. No debemos olvidar que el fondo de las cotizaciones de la Seguridad Social es un organismo que gestiona una cantidad importantísima de dinero, por lo que resulta evidente el interés de bancos, aseguradoras o mutuas en repartirse parte de este pastel que entre todos cocinamos. Aún así, se trata de un tema muy sensible para gran parte de la población, por lo que ningún partido político se atreve a hacer ninguna reforma de calado, más bien se contentan con pequeños retoques que poco a poco dificulten más el acceso, reduzcan el gasto en esta materia y propicien la privatización. Los mensajes lanzados hablan de que el estancamiento demográfico, envejecimiento de la población y el consecuente aumento de personas dependientes harán quebrar el sistema si éste no se modifica, por lo que se propone el retraso en la edad de jubilación hasta los 67 años y el aumento del período mínimo de cotización. Todo ello con la clara intención de sembrar el pánico y la confusión entre la ciudadanía, que en muchos casos acepta estos recortes como el mal menor, como si fuese algo inevitable cuando precisamente, las reformas deberían ir encaminadas hacia lo contrario, es decir, adelantar la edad de jubilación, reparto del trabajo y por tanto de la riqueza -con lo que se conseguiría que más gente cotizara- o aumento de los salarios, que provocaría una mayor cantidad cotizada. Los estudios de bancos y cajas pronosticaban hace tiempo un déficit de la caja de la Seguridad Social, pero precisamente, ésta no ha dejado de tener superávit al aumentar cada año el número de cotizantes. Está claro que en épocas de crisis este fondo tiende a disminuir como es lógico, pero llegado el caso de que coyunturalmente no pudiese hacerse cargo de las pensiones no pasaría nada, pues los ingresos del Estado permitirían –como sucede con las pensiones no contributivas (enfermos crónicos, incapacitados para trabajar o quienes a los 65 años no han cotizado lo mínimo) que se sufragan mediante los impuestos- hacerse cargo de ello. Hay muchos gastos que se generan y que podrían recortarse (militares, policiales, sueldos políticos) en pro de una mejor protección social de la mayoría, lo cual precisamente no sería considerado una medida impopular, más bien lo contrario. Aquellos que deseen alargar su vida laboral más allá de los 65 años, si sus condiciones físicas se lo permiten, no son capaces de adaptarse a una vida sin trabajo remunerado o no quieren renunciar a un buen salario, están en su derecho, pues contribuirán notoriamente a aumentar el fondo, pero la tendencia debe ser ir adelantando la edad de jubilación. La vida está para vivirla y no tiene ningún sentido dejar de trabajar cuando apenas hay fuerzas, falla la salud o no existen motivaciones o posibilidades de encarar nuevos proyectos personales o colectivos. No dejemos que nos arrebaten más derechos.
Información extraída de “La reforma del sistema público de pensiones en España”. Gregorio Rodríguez Cabrero
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