RECORTES E IMPUESTOS ¿A QUIÉNES BENEFICIAN?
El actual panorama de recortes en servicios sociales, especialmente en sanidad y educación, considerados dese siempre como los pilares de un sistema de bienestar social, es conocido por todos, aunque no lo es menos que los mensajes –interesados- que se envían desde ciertos medios y sobretodo desde la esfera política, están contribuyendo a crear la falsa opinión de que los gastos que hasta ayer eran básicos y necesarios son hoy ya inasumibles. Constantemente se lanzan ciertas ideas fuerza que van calando entre muchas personas, esto es, que se ha vivido por encima de nuestras posibilidades a todos los niveles, personal, familiar, empresarial y gubernamental y que por tanto, ahora toca purgar esos excesos, casualmente priorizando en aquellos servicios más esenciales, que más protegen a los más desfavorecidos y donde las garras del gran capital llevan años que quieren introducirse (privatización de la educación y sanidad a un mayor nivel). Lo que no se explica, se oculta o se dice de pasada es que los servicios sociales se sostienen con los impuestos que entre todas y todos pagamos y que la equidad, justicia y progresividad de éstos deja mucho que desear. Además, la presión fiscal en nuestro país ha descendido en los últimos años y si la comparamos a niveles de otros países de nuestro entorno, observamos que si se quiere mantener un cierto nivel de bienestar, es evidente que el camino que se lleva no es el adecuado. Eso sí, se trata de una decisión que han de tomar quienes gobiernan y esta crisis no ha hecho más que volver a demostrar al servicio de qué y de quienes gobiernan, tanto de un partido político como de otro. Analicemos brevemente algunos aspectos que corroboran esta afirmación y cómo ciertas cuestiones que se dan como inevitables tienen su solución si realmente se considera prioritaria, pues de momento no se ha oído a nadie hablar de reducir el gasto militar o policial por citar varios ejemplos.
Es evidente que la crisis económica ha propiciado un descenso pronunciado de la actividad económica y un aumento brutal de las cifras de parados, razón por la cual, los ingresos han descendido de forma notable. Es curioso observar como todavía la Seguridad Social con 5 millones de parados resiste con superávit después de la mayor crisis económica conocida y que propició el aumento de la edad de jubilación, que parecía iba a solucionar todos los problemas del país, cuando ha sido todo lo contrario y además, se ha condenado a muchas generaciones futuras a un acceso más difícil a ella y con menos ingresos.
Ya hemos comentado que en muchos ámbitos se da por hecho que mantener el actual sistema de “bienestar” social es imposible, como si fuese una ley de la naturaleza, pero no es así. Basta mirar cómo se mantiene en otros países y qué niveles de bienestar tienen en educación, salud o protección social. En España, la media de la presión fiscal (impuestos directos, indirectos y cotizaciones sociales) estaba en el año 1995 en el 32´7% en relación al PIB, mientras que en el año 2010 en el 30´40%, con dos gobiernos de distinto color en teoría. Ese dato en frío, apenas nos dice nada, pero si lo comparamos con Dinamarca (48%), Reino Unido (34%) o la media de los 27 países de la UE (38%) el dato resulta más aclaratorio. Además, los más perjudicados en este espacio de tiempo han sido los trabajadores, ya que las rentas del trabajo han aumentado del 45´8% al 53´4%, mientras que las rentas del capital han descendido del 25´5% al 23´6% en el mismo periodo de 1995 a 2009. Queda claro pues que en ese periodo tanto para PP como para PSOE la prioridad ha sido propiciar que quienes viven de su trabajo paguen algo más mientras que quienes pueden vivir de rentas, de especular y de defraudar disminuyan su contribución.
Por otra parte, los impuestos directos (aquellos que se pagan en función de la renta de cada uno, caso del IRPF o el impuesto de patrimonio) son en España del 10% mientras que por poner un ejemplo en Dinamarca son del 30% y en el Reino Unido del 16´1%. En cambio, los impuestos indirectos, que gravan de igual forma al dueño de Zara como a un trabajador que cobre el salario mínimo (por ejemplo el IVA), son del 9%; mientras que en Dinamarca son del 17%, en el Reino Unido del 12% y la media de la UE-27 de 13´1%.
Con este panorama pues, quedan claros varios aspectos. En primer lugar, que no importa quién o qué partido esté en el poder, pues se gobierna tal y como hemos visto en los últimos tiempos para los poderosos, para quienes más tienen, para la banca etc. En segundo término, existe un interés manifiesto en desmantelar lo público para permitir que empresas privadas se hagan con la gestión de servicios esenciales, obtengan un beneficio de la necesidad y además, no siempre sean garantía de mejor servicio. Es una idea de gran recorrido pero que hasta ahora no se habían atrevido a formular, pues en parte, todo iba bien y la población no estaba dispuesta a consentirlo. Actualmente, con el bombardeo de noticias negativas, se ha creado y asimilado la idea de que se ha de recortar los gastos obligatoriamente, mientras nada se dice de aumentar los ingresos y reducir en otras parcelas que seguramente son menos necesarias.
No dejemos que nos sigan arrebatando más derechos, no les demos mayor legitimidad y lo más importante, no dejemos que piensen y decidan por nosotros.
La clase trabajadora no vota, se organiza y lucha. El 20-N, abstención activa. Que nadie decida por ti.
